Santomera facilita la inclusión de menores con medidas judiciales a través de prestaciones

Santomera se ha adherido este martes al convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y la Federación de Municipios de la Región, para que los menores con medidas judiciales puedan realizar prestaciones en beneficio de la comunidad en sus localidades de referencia.

El objetivo es “restituir el daño que han ocasionado y facilitar su inclusión dentro de su entorno más cercano”.

Este tipo de medidas dictadas por el Juzgado de Menores beneficiarán a medio centenar de adolescentes y jóvenes infractores por conductas de vandalismo, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, y mayoritariamente hombres, un 42 por ciento menos que la cifra registrada durante el pasado año.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con el presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López, han presidido la firma de este convenio, acompañada de Carlos Navarro, concejal de Atención Social del Ayuntamiento de Santomera. La consejera ha destacado “la alta efectividad” de estas medidas “ya que el 95 por ciento de los menores no reinciden y pueden desarrollar su vida con total normalidad”.

En el acto también ha estado presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, así como el magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Murcia, Rafael Romero.

“Se trata de que los menores sean conscientes del perjuicio que han causado en el municipio y a sus propios vecinos para que aprendan de sus errores y puedan reparar el daño causado”, ha resaltado Ruiz.

Para ello, cuentan con el apoyo de la figura de un educador, quien se encargará de que la medida repercuta en su reinserción y de que ésta sea equitativa a la infracción cometida y a las necesidades e interés social de la localidad. El profesional también trabajará de forma directa con la familia del menor para que la integración sea lo más efectiva posible.

Las actividades impuestas por el juzgado son de carácter no remunerado, como medidas alternativas al internamiento, y tienen una duración media en la Región de Murcia de entre 20 y 100 horas.

Los trabajos asignados pueden ser, por ejemplo, de colaboración con entidades para el acompañamiento de mayores o de personas con necesidades especiales, también de participación en actividades culturales y sociales, así como tareas de mantenimiento o limpieza, entre otras.

“Con estas acciones se crea una reconciliación entre ambas partes ya que, por un lado, la sociedad permite la recuperación del menor y, por otro, la persona infractora tiene la oportunidad de resarcir lo ocurrido. Todo ello, sin ningún tipo de estigmatización y en un ambiente totalmente normalizado”, ha explicado la titular de Política Social.

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