La alcaldesa y el concejal de Urbanismo han comparecido esta mañana para reiterar que el Ayuntamiento solo está cumpliendo la ley
La alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez Roca, y el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio Gomariz, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para detallar la situación de la cantera de Arimesa. Al respecto, ambos han explicado que existen dos procedimientos administrativos abiertos: uno, basado en la orden de cierre dictada en enero de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia; el otro, sobre la concesión de una cédula de compatibilidad urbanística que permita la tramitación de una nueva licencia de actividad.
La mercantil Áridos del Mediterráneo S.A. desarrolla una actividad de cantera en el paraje de El Zacacho, en el término municipal de Santomera, con licencia municipal (de 1974, del Ayuntamiento de Murcia, pues aún no se había segregado de este el municipio de Santomera) para la actividad de «trituración y clasificación de áridos», pero no así para la actividad de cantera («extracción»). Esta afirmación no la hace este Ayuntamiento, sino la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 373/2008, de 30 de abril. En definitiva, Arimesa S.A. lleva 43 años realizando una actividad sin licencia municipal.
A raíz de la sentencia mencionada, el Ayuntamiento de Santomera –gobernando entonces por el Partido Popular– adoptó el 24 de julio de 2009 un acuerdo de Junta de Gobierno Local en el que, basándose en la ausencia de licencia municipal de la actividad, decretaba el cierre de la misma. Este acuerdo fue recurrido por la mercantil Arimesa, recurso que fue desestimado por la sentencia de 4 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, posteriormente confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 25/2015, de 29 de enero. De esta última sentencia cabe resaltar lo siguiente:
«No hay duda de que la actitud del demandante al mantener una actividad no autorizada y no pedir licencia de apertura cuando se le concedió en 2008 la autorización para explotar los recursos de las Sección C, hace plenamente ajustada a derecho la resolución sancionadora por la que se acuerda el cese de la actividad»
(…)
«la actora necesitaba obtener una nueva licencia de actividad municipal con aplicación de la legislación vigente en el momento de hacer la solicitud obteniendo en su caso la evaluación de impacto ambiental preceptiva».
Y, añadía, textualmente, la siguiente orden: «Clausura definitiva y total de las instalaciones y maquinaria sitas en el paraje del Zacacho y la suspensión de cualquier tipo de actividad industrial minera o de cualquier otro orden existente en la misma hasta tanto no se obtenga la correspondiente licencia de actividad».
Al tratarse esta de una sentencia firme, sin posibilidad de recurso, el Pleno municipal aprobó iniciar el procedimiento para su cumplimiento en noviembre de 2015, con el voto favorable unánime de todos los partidos representados en la Corporación (PP, PSOE, Alternativa por Santomera y Ciudadanos). Puesto en marcha este procedimiento, se mantuvieron diversas reuniones con los representantes de la mercantil y de los trabajadores de la misma para intentar llegar a acuerdos que amortiguaran o minimizaran el cumplimiento de la sentencia, preocupados por el futuro de los trabajadores afectados y sus familias.
Por otro lado, la mercantil se encuentra en trámites para conseguir la cédula de compatibilidad urbanística que les permita obtener una nueva licencia de actividad y legalizar así la explotación. El Ayuntamiento emitió esa cédula el año pasado, pero advirtiendo de diversas irregularidades, traducidas en cautelas, referidas a la falta de las preceptivas evaluaciones ambientales –que debería llevar a cabo la Comunidad Autónoma– en determinados sectores de la explotación. La Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio, sin embargo, ha enviado un requerimiento obligando al Ayuntamiento a emitir esa cédula sin ningún tipo de reservas. En respuesta a ello, el equipo de Gobierno encargó un informe a los servicios jurídicos municipales para que indicaran los pasos a seguir; tanto ese informe, ya finalizado, como el requerimiento de la Comunidad Autónoma han sido trasladados al arquitecto municipal para que adopte las medidas que considere necesarias en base a su criterio técnico.
«No se trata por tanto de una cuestión política, sino técnica y jurídica», ha señalado la alcaldesa. «Acompañamos a los trabajadores en sus preocupaciones, no queremos que nadie sufra, pero nuestra obligación es cumplir la legalidad vigente, estamos sometidos al imperio de la ley. Estamos convencidos de estar procediendo de la forma correcta, asesorados en todo momento por los servicios técnicos municipales, y la empresa tiene la posibilidad de recurrir la ejecución forzosa de cierre si considera que no se ajusta a ley», ha añadido Inma Sánchez Roca.
«Al contrario de lo que muchas veces se ha sostenido, no tenemos ningún interés especial en que la cantera cierre, pero sí debemos asegurarnos de que desarrolle su actividad de manera legal y con todos los procedimientos ambientales y urbanísticos que marca la legislación vigente», ha insistido por su parte el concejal de Urbanismo. «Nos estamos limitando a seguir todos los pasos solicitados de la forma más garantista posible, y prueba de ello es que están a punto de cumplirse tres años desde la sentencia que ordenaba el cierre y la explotación todavía continúa su actividad».
