El acuerdo ha sido posible gracias a la Concejalía de Derechos Sociales, Fundación Rasinet, Solvia y el programa ‘Vivir Santomera’
El programa ‘Vivir Santomera’, el servicio de información y asesoramiento sobre vivienda para personas en riesgo de exclusión social puesto en marcha por el Ayuntamiento el pasado mes de julio, ha empezado a dar frutos. Esta mañana se ha firmado el primer contrato de alquiler social en nuestro municipio, que, a un precio inferior al del mercado, ha proporcionado su nueva vivienda a una familia en situación de vulnerabilidad y con dos hijas en edad escolar a su cargo.
La concejala de Derechos Sociales y Migración, Alicia Poza, y la técnica de la Federación Rasinet –encargada de la gestión de este servicio–, Marian XXXX, han acompañado esta mañana a la familia beneficiaria durante la firma del contrato y la entrega de llaves. El acto se ha celebrado en la oficina local del Banco Sabadell –entidad matriz de Solvia, propietaria del inmueble–, a cuya directora ha agradecido Poza su «buena disposición a colaborar con nosotros y ayudarnos a resolver la dramática situación de las familias que no pueden acceder a una vivienda digna».
El proceso se inició en abril de este año, cuando la concejala de Derechos Sociales entabló una ronda de contacto con todas las entidades bancarias ubicadas en nuestro municipio. Durante esos encuentros, Poza se interesó por conocer el catálogo de viviendas que los bancos tenían disponibles para alquiler social y les informó de la intención del Ayuntamiento de mediar para que familias en situación de vulnerabilidad pudieran acceder a ellas. Tal y como recuerda, la respuesta por parte de las entidades fue muy dispar: «Algunas se ofrecieron a colaborar pero nos adelantaron que en aquel momento no disponían de viviendas en alquiler, mientras que otras no mostraron ningún interés. Hasta ahora, solo el Banco Sabadell, a través de Solvia, nos ha proporcionado una vivienda que alquilar, la que hoy ha empezado a habitar esta familia». «Espero que tras esta buena noticia otras entidades se sumen a la causa», ha añadido la concejala, que ha recordado que «valoramos la disposición de cada una de ellas, el Ayuntamiento lo tendrá en cuenta cuando tenga que realizar una operación financiera».
El contrato de alquiler tiene una duración de un año, prorrogable y revisable según las condiciones económicas y sociales por las que atraviese entonces la familia beneficiaria. Además de mediar en la puesta en contacto entre ambas partes, el Ayuntamiento, gracias al altruismo de determinadas personas, ha colaborado también en el equipamiento del inmueble para que «cuenta con todo lo necesario para que estas personas pueden vivir en condiciones dignas».